La Cámara de Comercio de Madrid organizó el 1 de diciembre de 2.015 una jornada sobre “COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO” en el Palacio de Santoña, gracias a la colaboración entre Roca Junyent Abogados y la CEIM.

Inauguraron la jornada el Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, y D. Arturo Fernández, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

Participaron ponentes de altura, como D. Antonio del Moral, D. Jesús María Silva Sánchez, D. Miquel Roca y Doña Rosa Sanz, por orden de intervención.

A D. Antonio del Moral se debe el título de este post, quien desde el principio de la jornada declaró que las personas físicas deberíamos reclamar la exclusividad de la potestad para delinquir.

Tras abordar el sistema de vicariedad matizada vigente en nuestro país, afirmó que en realidad, la pena más significativa a imponer a la persona jurídica es la multa, que, sin embargo, ya podía aplicarse a través del antiguo art. 129 del código penal. Sin embargo, declaró que incluso esta medida podría aplicarse de una forma mucho más hiriente bajo el ámbito administrativo, desde cuya perspectiva no sería necesario elaborar una construcción legal tan difícil de encajar con nuestra tradición como la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Por su parte, Don Jesus María Silva, quien ya ha tratado anteriormente los motivos de la inaplicación práctica de las medidas previstas en el art. 129 del Código Penal, expuso en profundidad diversos aspectos de la aplicación práctica del “criminal compliance”.

A pesar de que hasta ahora son escasas las sentencias impuestas a empresas por este motivo, no es menos cierto que ya no hay marcha atrás. En efecto, tras la reforma vigente a partir del 1 de julio, el juez está obligado a aplicar las medidas punitivas sancionadoras: ya no constituye una facultad discreccional como se contemplaba a través del antiguo art. 129.

Por otro lado, destacó el papel eminentemente preventivo de este tipo de programas, que protegen del daño reputacional a las personas jurídicas y se convertirán, en su opinión, en estándares exigibles de forma progresiva en el tráfico comercial particular a fin de garantizar la seguridad recíproca entre las empresas que contraten entre sí, tanto a nivel interno como internacional.

La correcta implantación de un sistema de compliance puede evitar la proclividad al delito en el seno de las empresas.

Y, aún en el caso de que llegue a cometerse algún ilícito en el ámbito de la persona jurídica, la delimitación de las funciones concretas que competen a cada una de los individuos a través de los cuales opera en la realidad impide la dilución de la responsabilidad criminal de sus autores directos. La empresa acuerda con el estado, pues, ofrecer transparencia y esfuerzo en la evitación del delito a cambio de la salvaguarda sobre su continuidad.

Además, un buen programa de compliance redunda en el beneficio de los miembros del Consejo de Administración, que suelen ser los primeros llamados a los estrados como sospechosos ante cualquier incidencia ocurrida en el seno de la empresa, y que pueden liberarse de responsabilidad acometiendo sus funciones dentro del marco de la transparencia y responsabilidad corporativa.

“EL COMPLIANCE NO SON PAPELES. ES VIDA”

El ponente afirmó que la correcta implantación exige mucho más que elaborar unos manuales pulcros: cualquier protocolo, código de conducta o manual constituyen un punto de partida que marca el inicio de un giro en la trayectoria de la empresa.

El Sr. Silva anunció que se prevé la inminente aprobación, el próximo 17 de diciembre, de un pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que desarrolle la regulación del art. 31 del código penal,estableciendo las características esenciales que debe reunir un plan de compliance a fin de considerar “eficaz” de cara a operar como atenuante o eximente penal y delimitando la eventual responsabilidad del compliance officer, entre otras debatidas cuestiones.

También se prevé en breve la publicación de la esperada Instrucción de Fiscalía acerca del tema (sobre la cual ya hay rumores que ronda las doscientas páginas), que junto con la norma ISO 19.600 (objeto de revisión actual, a fin de lograr una norma certificable a favor de las empresas) y normativa internacional, como la legislación italiana en que se inspira la española, puede dotar de luz a los huecos que todavía deben definirse en la materia.

En mi opinión, sería deseable que en en un futuro esta materia pueda abandonar la sede del código penal, donde tiene un descanso extraño, para ser desarrollada debidamente a través de la vía reglamentaria por el poder legislativo, sin delegar la necesidad de interpretación de desarrollo en el poder judicial o en el gobierno, a través de fiscalía.

Ya hemos tenido bastantes reformas preelectorales por este año como para que un cambio en el gobierno o un giro jurisprudencial incidan en los presupuestos axiomáticos de este proceso.

UNA NUEVA LUZ SOBRE LA VALORACION DE INMUEBLES Y SU TRATAMIENTO FISCAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 28 de octubre de 2.015 infunde esperanza al administrado después del duro tratamiento fiscal de los últimos años.

La Comunidad Valenciana trata desde hace tiempo de garantizar unos ingresos altos por la vía del impuesto de tranmisiones y donaciones sobre bienes inmuebles situados allí. Esta administración pretende, en suma, fijar una valoración alta de los inmuebles para recaudar más cantidad de efectivo a través de los diversos impuestos que los gravan.

La valoración de un inmueble puede realizarse por cualquiera de los diversos mecanismos permitidos por la Ley General Tributaria. Pues bien: La Generalitat valenciana ha venido optando por los sistemas de valoración más lesivos hacia los administrados, tratando de aplicar valoraciones desorbitadas mediante los procedimientos que resultaran más sencillos y automáticos para la administración a la vez que dificultosos para el ciudadano.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha echo eco así de los argumentos que ya venían sosteniéndose por el Tribunal Económico-Administrativo Regional, quien incluso manifestaba en sus propias resoluciones que, a pesar de que dichos criterios de valoración venían avalados por la ley, eran discordantes con la realidad y presentaban un valor injustamente elevado de los bienes inmuebles.

Ya en 2.013, el TSJ anuló el sistema de dictamen de peritos, que venía adoptándose con carácter general en la Comunidad Valenciana, por no tener en cuenta especificidades de las viviendas o locales a la hora de cifrar su valoración de cara a tratar su fiscalidad.

Sin embargo, en lugar de corregir su dirección hacia una valoración sensata e individualizada sobre el objeto tributario, la Conselleria de la Comunidad Valenciana optó a partir de entonces por valorar los inmuebles por otro sistema legal todavía más pernicioso si cabe: el cálculo de valor aplicando un coeficiente al valor catastral.

Este sistema consiste en aplicar un porcentaje fijo y automático (según unos coeficientes altísimos para la zona) al valor catastral para calcular el valor del inmueble de cara a impuestos.

Ello supone limitar todo argumento del ciudadano que defendiera que el valor de un inmueble era inferior al resultante por motivos específicos, pero al ser un mecanismo objetivo y mecánico, fácil de aplicar por la administración, generó una propuesta de liquidación inmediata y masiva para los afectados en dicha Comunidad.

Por ejemplo, se valoraba por igual dos pisos dentro de una misma urbanización, siendo uno el quinto piso de un portal que contara con ascensor y otro que no contara con él. No se tenía en cuenta, por ejemplo, si la vivienda adquirida precisaba de gastos de reforma importantes o si la reducción del precio de adquisición se debía a oscilaciones de mercado o a la tan conocida crisis inmobiliaria.

Por otro lado, los coeficientes previstos eran altísimos, en un porcentaje muy superior a otras zonas de análogo valor urbanístico. Estos coeficientes se revisaban anualmente por cada municipio a través de una Orden de la Generalitat dictada precipitadamente en 2.013, pero el resultado económico siempre era muy superior a lo que hubiera resultado de una pericial técnica ordinaria sobre el inmueble.

Seguía, pues, sin realizarse una valoración individualizada sobre el bien inmueble, pero además, ahora, ni siquiera era necesario que un perito de la administración emitiera una valoración, con lo que el aumento en la recaudación por la administración se efectuaba con un mecanismo más automático y arbitrario a la vez que suprimiendo gastos:

                                                            El paraíso fiscal para una administración.

En este páramo desolador para el administrado, el TSJ de la Comunidad Valenciana infunde luz y esperanza tributaria con su Sentencia de fecha 28 de octubre de 2015, en la que declara nulo dicho sistema porque la administración sigue sin realizar una valoración individualizada del bien, tal como exige la ley. En consecuencia, todas aquellas comprobaciones y liquidaciones generadas mediante este sistema por coeficientes de corrección desde 2.013 son susceptibles de recurso y anulación.

                                              Es hora de restaurar la justicia tributaria en la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias a todos los que han mandado recomendaciones a través de distintas páginas web especializadas.

                                                                    .............................

Estoy muy agradecida con el apoyo. Es rápida, entregada, preocupada y muy profesional. (E.E.)

                                                                    .............................

Estoy muy agradecida con el apoyo que me ha dado y el trato que he recibido. Para mi eres la mejor abogada para defendernos a nosotras las mujeres. Muchas gracias por todo. (MARTHA GUADALUPE V.)

                                                                    .............................

Quisiera manifestarle mi agradecimiento por la atención prestada a mi consulta y a la vez quería resaltar su calidad humana a la hora de desarrollar su labor profesional. (Y.R.)

                                                                    .............................

Recomiendo a Maria José por su eficacia y rapidez en responder. No se ha dejado ninguna duda sin resolver y con un trato excelente , que en estos momentos ayuda mucho. Estoy muy agradecida (Carlota, Abogae)

                                                                    .............................

Verdaderamente una abogada dispuesta ayudar a la gente! Me a tratado con mucha educacacion y disponivilada. Merece la pena gracias! (danicarp)

                                                                    .............................

Recomiendo a este profesional. Su respuesta fue clara y rápida y aclaró mis dudas.(marinamar)

                                                                    .............................

estoy muy satisfecha con la respuesta pues me a sido de gran ayuda y ojala la solucion a todo esto sea la que espero (ana belen vega vazquez )

                                                                    .............................

Muchas gracias, es muy clara y rapida,la recomiendo (miranda)

                                                                    .............................

Rápida, clara y concisa. Gracias por su atención (eva)

                                                                    .............................

Quiero recomendar a Mª José Ruiz Félez por su rápidez en la respuesta y sinceridad. Muchas gracias.(lauri30)

                                                                    .............................

Esta medida puede adoptarse al interponer una denuncia contra otra persona -aunque no exista aún resolución firme sobre el caso- o bien en la propia sentencia que pone fin a un proceso.

Es muy habitual solicitar la adopción de esta clase de medidas en las acusaciones por delitos de violencia de género, dado que la carga emocional que une a los interesados recomienda el distanciamiento entre la supuesta víctima y el presunto agresor, y además, resuelve de forma drástica la interrupción de la convivencia en el mismo domicilio en el caso de convivientes, pudiendo llegar a apartar una persona denunciada de la que hasta ese momento había sido su hogar para paliar las posibles consecuencias de una venganza en un momento de tensión insostenible en la pareja.

No falta quien afirma que esta regulación supone una discriminación positiva excesiva hacia la mujer, en oposición a la franca desprotección a la que se había expuesto hasta ahora. Dejando de lado esta debatida cuestión, lo que sí es cierto es que aporta soluciones radicales a problemas graves que pueden ser puntuales o el episodio último de una cadena de acontecimientos a fin de evitar males mayores.

Esta orden de alejamiento se solicita expresamente por la persona denunciante al Juez, y este decide tras oír los argumentos del ministerio fiscal (que representa los intereses públicos del estado y puede optar por sostener la petición u oponerse a que se conceda), y el acusado, defendido por su abogado.

Cuando se adopta la orden de alejamiento, el sujeto afectado por ella debe respetar una o varias limitaciones, más o menos graves y que pueden consistir en una o varias medidas de prohibición (por ejemplo, se puede prohibir que el alejado se comunique por toda clase de medios con la persona alejada, acudir a su residencia, a su lugar de trabajo o a los lugares que frecuente, o se le puede prohibir que se acerque a ella a una distancia que establecerá el propio Juzgado).

Una vez impuesta la orden de alejamiento, se convierte en un mandato judicial para proteger la protección de las personas y la paz social y a partir de entonces escapa a la libre disposición de la víctima : la persona beneficiaria de esa orden no dispone sobre su validez, no puede levantar su eficacia con su sola voluntad. Y este hecho se traduce en dos consecuencias de enorme importancia práctica que habitualmente no se tienen en cuenta:

     a)la persona que pidió la orden de alejamiento viene obligada a observarla al igual que la persona alejada. No puede por sí sola dejar sin efecto la orden de alejamiento judicial, por mucho que exprese su voluntad en sociedad o por una una mera reconciliación en la vida real. Es más: en el caso de que la persona que solicitó la orden promueva la reanudación de la convivencia o el encuentro con el alejado, podría ser incluso penada por considerarse una cooperadora necesaria para cometer el delito de quebrantamiento de esa medida impuesta por el juez.

     b)es muy importante tener en cuenta que actualmente no basta la mera voluntad de la persona beneficiaria por la orden para reanudar la convivencia o el trato próximo con la persona de la que se alejó. En tiempos recientes, bastaba probar que la reanudación de la convivencia era voluntaria por la víctima para que la ley no castigara a ninguno de los dos por entender que la orden de alejamiento no podía incidir en la esfera de la privacidad más íntima de la persona, como son sus relaciones sentimentales.

En la actualidad, la Jurisprudencia ha endurecido los requisitos necesarios para no condenar a las personas alejadas que reanudan su trato personal, exigiendo una actuación inequívoca y manifiesta de la persona que solicitó la orden de alejamiento en su día.

     A/En el caso de tratarse de una medida de alejamiento impuesta cautelarmente, antes de la sentencia, es recomendable que la persona beneficiaria acuda al Juzgado para declarar en comparecencia formal su intención de reanudar la convivencia con el alejado para evitar consecuencias penales para ambos, a la vez que renunciando a ejercer toda clase de acciones penales contra esa persona, si bien en este ámbito es recomendable la máxima prudencia, ya que no existe todavía consenso entre los juzgados a la hora de encarar estas situaciones y cómo resolverlas.

     B/En el caso de que exista ya una sentencia penal que imponga la pena de alejamiento, la única vía que se permite para dejar sin efecto su eficacia es que la víctima declare en el juzgado su voluntad de que no opere la orden, a la vez que se solicita la suspensión de la ejecución de la pena sobre el penado o el indulto.

Por tanto, es muy recomendable ser prudente, tomar decisiones sin prisas, con la perspectiva que proporciona el alejamiento y, si se pretende retroceder en esa decisión, acudir a la intervención de profesionales que ayuden a la expresión de esa voluntad con reflejo jurídico sin peligro para los interesados.

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia revocando otra de la Audiencia Provincial en que absolvía a un hombre que, a pesar de utilizar preservativo en sus relaciones íntimas con su pareja, no le había advertido sobre el hecho de que estaba contagiado por el virus del SIDA.

A lo largo de su relación, hubo varias ocasiones en que este medio profiláctico se rompió, hasta el punto de que la mujer quedó embarazada. Al nacer la niña se comprobó que tanto la madre como la hija estaban infectadas: la mujer se contagió a lo largo de las relaciones en que había tenido contacto a pesar de los medios utilizados y la niña se había contagiado durante el parto, por transmisión de la madre.

El hombre alegaba que había empleado el sistema profiláctico adecuado para impedir estas lamentables consecuencias, lo que en un principio le valió la absolución de la Audiencia Provincial.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que no basta con adoptar medidas de precaución: la falta de información hacia la que era su esposa sobre la enfermedad que padecía, junto al hecho de que se considera normal una continuidad en las relaciones dentro de un matrimonio, asumiendo múltiples ocasiones de riesgo inconsentidas por la mujer ante la falta de información, desembocan en una condena del Tribunal Supremo hacia el hombre.

El Tribunal considera que no hay intención en causar el daño. Es más, añade que de haber informado a la mujer sobre la existencia de la enfermedad y consintiendo tras ello esta a proseguir manteniendo relaciones sexuales, ese consentimiento hubiera exonerado por completo de toda responsabilidad penal al hombre.

A pesar de no hallar intención expresa de causar el daño, sin embargo, el Tribunal sí aprecia que existe una imprudencia en la actuación del hombre, basada en un comportamiento descuidado, en el sentido de no poner la diligencia necesaria para evitar la transmisión de la enfermedad, puesto que la rotura del profiláctico en una serie continuada de relaciones íntimas es un hecho que podía generar un riesgo real y efectivo de contagio, tal como acabó sucediendo. Siendo este riesgo previsible y evitable, se condena al hombre por delito de lesiones por causar una "grave enfermedad somática" primero a través del contagio de su pareja y luego a la hija de ambos, a través del embarazo y con motivo del parto ("transmisión vertical").